Una disposición del Consejo de Ministros de Cuba vigente desde hoy acelera la introducción de la firma digital en las entidades y organismos del Estado, el gobierno y las finanzas.

El acuerdo 9266 de 2022 de este órgano establece que antes del 30 de abril de este año el mecanismo de firma digital tendrá que usarse en los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, el Banco Central de Cuba, todas las entidades nacionales y órganos locales del Poder Popular.

El texto establece que el Ministerio del Interior emitirá en el mes de marzo las normativas para concretarlo y el Ministerio de las Comunicaciones es el encargado de hacerlas cumplir.

Según el documento, se acelera la introducción de la firma digital dentro de la institucionalidad financiera y gubernamental con el propósito de alcanzar mayor eficacia en la gestión de la administración pública en el marco del Gobierno Digital.

A partir de la calidad, sistematicidad y prontitud de esta experiencia se realizarán valoraciones para su posterior generalización hasta la ciudadanía.

Cuba reconoce desde 2018 la validez de los documentos en formato digital firmados electrónicamente con el empleo de los certificados digitales de la Infraestructura Nacional de Llave Pública.

Desde de 2016, el Ministerio del Interior estableció la Infraestructura de Llave Pública en interés de la protección criptográfica de la información oficial de la República de Cuba y aprobó el reglamento sobre su funcionamiento.

En octubre del pasado año y de forma experimental se emitieron los primeros certificados de firma digital a trabajadores afiliados a la Oficina de Administración Tributaria y se lanzó eFirma, una aplicación que facilita a los usuarios el uso de certificados mediante sus propios teléfonos móviles.

Una firma digital es un mecanismo criptográfico que posibilita al receptor de un mensaje firmado digitalmente identificar a la entidad emisora de dicho texto, y confirmar que este no ha sido alterado desde que fue firmado por el originador.

En Cuba hasta ahora es la empresa Softel del Grupo Empresarial de Informática y Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones la que provee ese servicio.