En conferencia de prensa, Kevin Castro Rodríguez, director adjunto de la vicepresidencia de Operaciones de la Red de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa), se refirió a la utilización de equipos de comunicación prohibidos y no homologados por parte de personas desconocedoras o inescrupulosos que interfieren con la señal de las radiobases y deterioran en zonas específicas la calidad del servicio de telefonía y redes móviles.

Castro Rodríguez explicó que esto se desprende de la importación y comercialización ilegal de antenas y repetidores de señal, los cuales se emplean para mejorar la señal en espacios restringidos y que atenta contra la infraestructura instalada, impedida de ofrecer sus servicios con normalidad.

Autoridades de las telecomunicaciones de Cuba denunciaron la incidencia que hoy tienen la persistencia de ilegalidades, indisciplinas sociales y hechos vandálicos para el desarrollo del sector, en un momento de tensiones económicas y financieras reforzadas.

En conferencia de prensa, Kevin Castro Rodríguez, director adjunto de la vicepresidencia de Operaciones de la Red de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa), se refirió a la utilización de equipos de comunicación prohibidos y no homologados por parte de personas desconocedoras o inescrupulosos que interfieren con la señal de las radiobases y deterioran en zonas específicas la calidad del servicio de telefonía y redes móviles.

Castro Rodríguez explicó que esto se desprende de la importación y comercialización ilegal de antenas y repetidores de señal, los cuales se emplean para mejorar la señal en espacios restringidos y que atenta contra la infraestructura instalada, impedida de ofrecer sus servicios con normalidad.

En el caso de La Habana, ejemplificó, se encuentran casos críticos en este sentido como Santa Fe y Buena Vista, en el municipio Playa; la zona del Vedado hacia 1ra y 12, Plaza de la Revolución; la zona de Centro Habana, cerca del edificio Masónico y la calle Zanja; en el municipio de Diez de Octubre, las inmediaciones de Lawton y la Loma de Chaple, entre otros.

A nivel nacional, profundizó, aproximadamente un seis por ciento (%) de las celdas se encuentran interferidas críticamente, siendo la capital la provincia de mayores niveles de interferencias externas, alcanzando 12%.

Con respecto a eventos asociados a indisciplinas sociales y actos vandálicos, enfatizó en las consecuencias de estos hechos en la población afectada, dada la baja capacidad financiera de la empresa para reponer de inmediato los daños, a causa de los efectos de la política de máxima presión económica aplicada por el gobierno de Estados Unidos.

Subrayó que algunos de los implementos destruidos o robados son artículos importados de alto valor y requieren de la reubicación de presupuestos y recursos que se dejan de emplear en otras prioridades de desarrollo previstas.

Ante la imposibilidad de supervisar las infraestructuras de la ocurrencia de estos sucesos, instó a la ciudadanía a mantener la vigilancia, como un problema que afecta a todos, y reportar cualquier daño o vandalismo al número telefónico 118.

En los casos en que se ha capturado a los responsables e instigadores, donde no faltan actos malintencionados para atentar contra el orden y la seguridad interior, estos han sido puestos a disposición de las autoridades pertinentes, agregó.

Representantes del Centro Nacional de Control del Espectro Radioeléctrico advirtieron sobre el uso indebido de equipos y conexiones satelitales ilegales, los cuales se agravan cuando se extiende o comercializa estos servicios a terceros.

Aclararon las autoridades competentes que estás violaciones no solo atentan contra la calidad del servicio y la soberanía del espectro radioeléctrico, sino que suponen figuras delictivas con respuestas judiciales contempladas
por el Código Penal, el cual faculta la aplicación de contravenciones, decomisos y, en casos extremos, la privación de libertad a los infractores.

Sobre la entrada al país de estos artefactos, los cuales se comercializan libremente en otros países de acuerdo a normativas no aplicables al contexto cubano, recalcaron la difícil detección y fácil enmascaramiento de los componentes en los equipajes, lo cual requiere para su enfrentamiento de elevar la vigilancia, capacitación y rigor del personal de fronteras.

De igual manera, insistieron en la pertinencia de informar a la población sobre las repercusiones de estas irregularidades y el marco regulatorio, pues en ocasiones se producen por el propio desconocimiento de las personas.