En medio de las complejidades económicas que enfrenta el país, la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa) ha desarrollado un amplio proceso inversionista para mejorar los servicios de comunicación e internet en todo el territorio nacional, sobre todo en zonas rurales e intrincadas. Sin embargo, estos avances se ven sistemáticamente saboteados por actos vandálicos que no solo destruyen la infraestructura vital, sino que también privan a la población de un servicio: la conectividad.
El más reciente incidente ocurrió en la comunidad de San Vicente -perteneciente al consejo popular Boniato del municipio cabecera-, adyacente a la Autopista Nacional, en una radio base para mejorar la telefonía celular. Los delincuentes buscaban bancos de baterías y, al no encontrarlos, destrozaron gabinetes, sustrajeron rectificadores y cortaron el cableado de alimentación.
Según Antón Alabart Velázquez, jefe de Inversiones de Etecsa en la provincia, la instalación -prevista para la puesta en marcha-, contaba con equipos de última tecnología importados a altos costos, como parte del plan nacional para modernizar las telecomunicaciones.
“Este hecho no solo retrasa el acceso a internet para los habitantes de la zona, sino que representa pérdidas en equipos de avanzada”, destacó Alabart Velázquez, quien comentó que en lo que va de año la empresa ha activado 21 radio-bases (2G/3G/4G) y actualizado 10 sitios a 4G en la provincia. Sin embargo, robos de baterías, cercas y cableado en múltiples instalaciones obstaculizan estos esfuerzos.
Ahora, equipos importados, de alto costo y difícil reposición, adquiridos con enormes sacrificios económicos, quedan inutilizados. ¿Quiénes son estos enemigos que impiden el desarrollo de Cuba? ¿Qué ganan con dejar a un pueblo sin comunicación?
El Código Penal cubano, en sus artículos 125 y 126, establece sanciones severas para los delitos contra bienes estatales y la infraestructura pública, con penas que van desde siete años de prisión hasta cadena perpetua o incluso la pena de muerte cuando se pone en riesgo la seguridad colectiva. Aún así, estos ataques persisten.
El Tribunal Supremo Popular ya advirtió en mayo pasado que los actos vandálicos contra infraestructuras estratégicas serán juzgados con todo el peso de la ley.
Nada justifica destruir lo que es de todos. Quien sabotea una red de telecomunicaciones, sabiendo que perjudica a miles, actúa con absoluta irresponsabilidad y es capaz de todo.
Mientras los delincuentes actúan sin importarle nada, son las familias de esos lugares que han sido vulnerados en los últimos meses, quienes pagarán las consecuencias. Nadie tiene el derecho de arrebatarle al pueblo lo que con tanto esfuerzo se construye.
La máxima dirección de nuestro país ha sido clara, en estos tiempos atacar las infraestructuras del país es traición. Si queremos proteger a Cuba, no queda espacio para la benevolencia. Mano dura. Justicia rápida. Y sobre todo, cero tolerancia para el delito.
#NoAlVandalismo