Doce naciones, encabezadas por Rusia, Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte y Nicaragua, emitieron una declaración conjunta en la que respaldan la reciente adopción de la Convención contra el Ciberdelito de la ONU. Igualmente reclamaron un modelo de gobernanza digital internacional centrado en el respeto a la soberanía de los Estados y el rechazo a la injerencia extranjera mediante tecnologías de la información.

La declaración, divulgada por las misiones diplomáticas firmantes ante la ONU, celebra la aprobación de la convención durante el 79° período de sesiones de la Asamblea General, calificándola como un «acuerdo universal sin precedentes» para combatir el uso del ciberespacio con fines criminales.

El tratado, promovido por iniciativa de Rusia y negociado bajo presidencia de Argelia, establece nuevos marcos legales para la cooperación internacional en la investigación y persecución de delitos informáticos, incluyendo el intercambio de evidencia digital en tiempo real.

El grupo instó a todos los Estados miembros a firmar el documento durante la ceremonia oficial prevista en Hanoi en 2025, y a seguir trabajando en la elaboración de un protocolo adicional que aborde otros delitos habilitados
por tecnologías digitales, en concordancia con las resoluciones 74/247 y 75/282 de la Asamblea General.

Además del respaldo a la nueva convención, los países firmantes hicieron un llamado a la ONU para establecer un Mecanismo Permanente de Seguridad de las TICs, que reemplace al actual grupo de trabajo abierto sobre el uso
pacífico de tecnologías de la información (2021–2025).

El objetivo sería consolidar un marco institucional estable y basado en el consenso para tratar temas de ciberseguridad desde la óptica de la paz y la estabilidad internacionales.

El documento también lanza una crítica explícita al uso de tecnologías de la información «con fines inconsistentes con el mantenimiento de la paz», incluyendo la injerencia en asuntos internos, el desestabilizamiento político y la manipulación mediante redes satelitales de internet.

La declaración conjunta subraya la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo, así como la creación de capacidades locales para prevenir y combatir el delito informático.

Se plantea una visión de seguridad digital basada en el multilateralismo, la no injerencia y el respeto a la legislación nacional de cada Estado. «La gobernanza global del ciberespacio no puede estar en manos de actores privados o potencias que imponen sus reglas unilaterales», expresó un diplomático latinoamericano consultado por este medio. «Esta convención permite recuperar el control desde un enfoque soberano y multilateral», añadió.

El texto fue suscrito por Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso, Cuba, Corea del Norte, Egipto, Irán, Irak, Kirguistán, Laos, Nicaragua y Venezuela, todos Estados que han denunciado anteriormente el uso de las tecnologías digitales con fines de presión geopolítica o subversión interna.